El Ciudadano
Por Rommy Morales-Olivares
La posición adoptada por el gobierno español frente a la escalada internacional que involucra a Estados Unidos, Israel, Irán y el marco estratégico de la OTAN permite observar un fenómeno político que va más allá de una decisión diplomática puntual. La postura de Pedro Sánchez -presidente del gobierno español y líder del Partido Socialista Español, PSOE– puede entenderse como una posición semántica de paz: una intervención política que no se limita a adoptar decisiones estratégicas concretas, sino que busca redefinir el vocabulario desde el cual se interpreta el conflicto internacional. Frente a una secuencia de crisis geopolíticas marcadas por la lógica de la escalada militar y la retórica de la seguridad, el presidente español ha insistido en un lenguaje centrado en la paz, el derecho internacional y la libertad política. Como él mismo escribió recientemente el medio The Economist, España debe situarse “del lado del derecho internacional, de la cooperación entre las naciones y de la protección de la vida humana”, reafirmando que el dilema central de nuestro tiempo consiste en decidir si el orden internacional se regirá por “la ley de la fuerza o la fuerza de la ley” (Sánchez, 2026).
Este desplazamiento discursivo no sólo introduce una disonancia dentro del campo político europeo, sino que también tiene el potencial de reorganizar parcialmente los conglomerados políticos internos en España, rearticulando posiciones de la izquierda, el nacionalismo periférico y la derecha extrema en ascenso, en torno a uno de los significantes históricos más potentes de la política española contemporánea: la guerra y la paz.
La policrisis, el retorno del lenguaje de la guerra y el equilibrio regional de Oriente Medio
Para comprender el significado de esta intervención conviene situarla en el contexto de la transformación más amplia del sistema internacional. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, Europa logró desplazar la guerra fuera del centro simbólico de su vida política. No porque desapareciera -los conflictos en Yugoslavia, Afganistán o Libia lo recuerdan-, sino porque dejó de constituir el principio organizador de la legitimidad política. El proyecto europeo posterior a 1945 se construyó precisamente sobre la promesa de sustituir la lógica de la fuerza por la del derecho y el multilateralismo.
Ese equilibrio, sin embargo, se ha ido erosionando bajo el peso de lo que el historiador Adam Tooze (2022) ha denominado policrisis: una convergencia de crisis económicas, energéticas, climáticas y geopolíticas que alteran simultáneamente las estructuras del orden global. En ese escenario, la guerra deja de aparecer como una excepción para reaparecer progresivamente como una herramienta recurrente en el sistema internacional.
La escalada militar en torno a Irán se inscribe en este contexto. Irán suele presentarse en el imaginario occidental como un régimen teocrático autoritario, pero desde una perspectiva histórica amplia se trata también de una potencia regional con una tradición estatal milenaria y una fuerte autopercepción civilizatoria que se remonta al imperio persa. Esa continuidad histórica alimenta una estrategia política centrada en preservar autonomía frente a la influencia occidental, lo que explica en parte la persistente rivalidad geopolítica con Estados Unidos e Israel.
…uno de los rasgos más persistentes del orientalismo político consiste precisamente en producir representaciones homogéneas del mundo árabe o persa que facilitan su tratamiento como espacio de intervención estratégica antes que como campo histórico de sujetos políticos.
El conflicto actual no puede explicarse banalmente como un enfrentamiento ideológico entre democracia y autoritarismo, sino como parte de una disputa estructural por el equilibrio regional en Oriente Medio y por la configuración futura del orden internacional (International Crisis Group, 2024). Como advirtió Edward Said (1978), uno de los rasgos más persistentes del orientalismo político consiste precisamente en producir representaciones homogéneas del mundo árabe o persa que facilitan su tratamiento como espacio de intervención estratégica antes que como campo histórico de sujetos políticos.
Pedro Sánchez y la política del marco discursivo
Dentro de este escenario global, la posición de Pedro Sánchez adquiere un significado particular. Desde su llegada al poder en 2018, Sánchez ha desarrollado un estilo político caracterizado por una combinación de pragmatismo institucional y control estratégico del marco comunicativo de los conflictos políticos. Diversos/as analistas han señalado que su liderazgo se apoya menos en estructuras partidarias tradicionales que en una notable capacidad para intervenir discursivamente en momentos críticos del sistema político español, redefiniendo los marcos interpretativos del debate público.
La política exterior se convierte para Sánchez en un terreno privilegiado desde el cual proyectar liderazgo político incluso en contextos de fragmentación de la izquierda tanto nacional como europea. No es casual que, al referirse a la escalada actual, haya insistido en que “España no va a contribuir a una espiral de guerra que sólo traerá más sufrimiento e inestabilidad”, afirmando al mismo tiempo que la prioridad del gobierno es “defender la paz y el respeto al derecho internacional como base del orden global”. La negativa a permitir que Donald Trump utilice las bases militares de Rota y Morón para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán constituye el gesto material más claro de esa posición semántica. Más allá de su dimensión estratégica inmediata, la decisión funciona como una intervención discursiva que busca reinstalar en el debate europeo un vocabulario político que durante décadas formó parte del núcleo normativo del proyecto europeo y que hoy parece haber perdido centralidad frente al léxico dominante de la seguridad y la disuasión militar.
La tradición española del “No a la guerra”
Desde la historia política reciente española el gesto adquiere mayor profundidad. El discurso de Sánchez no surge en el vacío, sino que se inscribe dentro de una tradición republicana que ha vinculado históricamente la defensa de la paz con la defensa de la ciudadanía frente a las lógicas imperiales de la política internacional. Como ya señaló el filósofo Antoni Domènech, la tradición republicana española vinculó históricamente la defensa de la libertad política con la limitación de las formas de dominación, incluidas las imperiales (Domènech, 2004). Tras la guerra civil y la dictadura franquista, la transición democrática consolidó una cultura política marcada por la centralidad de la paz civil como fundamento de la legitimidad democrática.
Recordemos que durante la invasión de Irak en 2003 la consigna “No a la guerra” articuló una de las mayores movilizaciones de la historia democrática española. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de febrero de ese año, el 91 % de la población se oponía a la intervención militar, pese al apoyo del gobierno de José María Aznar a la estrategia impulsada por la administración Bush (CIS, 2003). La comparación resulta reveladora. Un sondeo reciente de la agencia demoscópica 40dB indica que el 68,2 % de la población española rechaza la guerra contra Irán, aunque ese rechazo se distribuye de manera desigual en el campo político: a oposición alcanza alrededor del 81 % entre los sectores de izquierda, el 64 % en el centro, y en torno al 52 % entre los sectores de derecha, lo que confirma que la guerra vuelve a funcionar como un clivaje ideológico dentro del campo político español (40dB, 2026).
Los campos políticos se organizan alrededor de significantes capaces de articular coaliciones heterogéneas dentro del sistema y la apelación al “No a la guerra” funciona como un punto de articulación discursiva capaz de reorganizar parcialmente el campo progresista.
La economía moral de la paz
Es precisamente en esa fragmentación donde la posición semántica del gobierno de Sánchez adquiere más relevancia. Los campos políticos se organizan alrededor de significantes capaces de articular coaliciones heterogéneas dentro del sistema y la apelación al “No a la guerra” funciona como un punto de articulación discursiva capaz de reorganizar parcialmente el campo progresista.
En ese proceso, actores de la izquierda española como Gabriel Rufián, controversial diputado de Esquerra Republicana y una de las figuras más visibles del independentismo catalán en el Congreso han interpretado la negativa española a participar en la intervención militar como una oportunidad para reforzar una alianza política basada en la defensa del derecho internacional y la autonomía estratégica europea. Al mismo tiempo, el conocido líder de Podemos, Pablo Iglesias, a pesar de su distancia con Sánchez, ha reconocido la eficacia comunicativa de la estrategia del gobierno para situar el debate político en torno a la paz, aunque ha subrayado la tensión existente entre ese discurso y ciertas prácticas estructurales del Estado español, como la continuidad en la compra de armamento. Es cierto, más que resolver la contradicción acción y discurso, la intervención de Sánchez desplaza el eje del debate hacia el terreno normativo de la paz. El significante “paz” vuelve así a operar como un punto de articulación capaz de reorganizar temporalmente un campo político fragmentado y revela algo más profundo que una divergencia diplomática dentro de la Unión Europea.
Durante décadas el orden político europeo se organizó alrededor de la expectativa de que la fuerza quedaría subordinada al derecho. En el lenguaje de la diplomacia contemporánea, ese horizonte suele describirse mediante la fórmula orden internacional basado en reglas. Con ella se alude al proyecto político surgido tras la Segunda Guerra Mundial que buscó someter las relaciones entre Estados a un marco jurídico internacional basado en la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y las instituciones multilaterales. En ese sentido, la insistencia de Sánchez en el derecho internacional puede leerse como un intento de reactivar ese principio: que el orden global se rija por normas jurídicas comunes y no únicamente por la lógica geopolítica de la fuerza. Esta posición tampoco se encuentra completamente aislada. Gobiernos europeos como Irlanda, Noruega y, en determinados momentos, Bélgica coinciden en la defensa del derecho internacional y del multilateralismo, reintroduciendo en el debate europeo la idea de que la política internacional no puede quedar reducida únicamente a la lógica de la fuerza.
Esta tensión entre fuerza y derecho no es nueva en la teoría política contemporánea. El sociólogo contemporáneo Jürgen Habermas (2001) describió ese horizonte como una constelación posnacional en la que los Estados aceptarían quedar vinculados a un entramado jurídico capaz de limitar el ejercicio unilateral de la violencia soberana. Hoy ese horizonte se encuentra tensionado por la policrisis y los marcos institucionales heredados de la posguerra han dejado de ofrecer respuestas estables a las demandas sociales y políticas actuales, tal como advirtió Nancy Fraser (2017). Las disputas políticas se trasladan inevitablemente al terreno de los significados. Si bien la posición española puede no modificar las correlaciones de poder que estructuran el sistema internacional ni alterar los compromisos estratégicos que organizan la política europea, irrumpe radicalmente en el plano semántico desde el cual se legitima el recurso a la guerra, el lenguaje del imperialismo teñido de democracia occidental y se revive el papel del derecho internacional. Y es precisamente en ese terreno donde se decide buena parte de la legitimidad del orden político contemporáneo. Porque cuando la guerra domina el lenguaje de la política, recordar que el derecho limita la fuerza sigue siendo, quizá, el gesto más “moderno”.
Por Rommy Morales-Olivares
Profesora. Departamento de Sociología. Universidad de Barcelona.
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